TRIBUNA: JOAN BOADA I MASOLIVER
Libertades personales y laicismo
JOAN BOADA I MASOLIVER 11/01/2008
La actitud de algunos obispos católicos (García-Gasco, Cañizares y Rouco) nos debe hacer reaccionar. La manifestación del domingo 30 de diciembre fue una demostración clara de los obispos integristas de querer imponer a todos los ciudadanos su moral religiosa. El apoyo a la familia era una excusa para mostrar sus armas políticas al Gobierno del Estado. Allí se dieron cita el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, los Kiko's y todo el batallón de integristas, representados en Cataluña, entre otros, por los E-cristians de Miró i Ardèvol. Sus consignas son un atentado contra los derechos humanos y contra la libertad individual de las personas. Ante estas actitudes sólo cabe ser beligerante; independientemente de las convicciones religiosas de cada uno, debemos dar una respuesta democrática al pensamiento fascista de algunos miembros de la jerarquía católica.
Para ser un país democrático hay que conseguir una verdadera separación entre Iglesia y Estado
Propongo que todos los partidos que se presentan a las próximas elecciones generales planteen públicamente que quieren la separación efectiva entre Iglesia y Estado y anuncien que convertirán el Estado español en aconfesional y que el laicismo impregnará todas las actuaciones de las administraciones públicas. De igual forma que los representantes políticos deben explicar a la sociedad qué modelo económico, social, ecológico o de organización territorial proponen, también es necesario que expliquen cuál será el modelo de relaciones con las religiones. El laicismo no significa ir en contra de las religiones ni en contra de la práctica de éstas, sino circunscribir la religiosidad al ámbito personal. Los gobiernos deben regirse por los derechos humanos y no por alguna moral religiosa.
La primera actuación que debe hacer el nuevo Gobierno emergente de las urnas el próximo 9 de marzo debe ser la de revisar los acuerdos del Estado con el Vaticano de 1976 y 1979, claramente preconstitucionales y que significan un trato de favor y privilegios para la Iglesia católica que ofende toda conciencia democrática. A partir de aquí, hacer efectiva la separación Estado-Iglesia con una ley de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (que sustituya la ley orgánica de 1980) que deje claras las relaciones del Estado con todas las religiones. Todos los actos de las administraciones públicas, también de la Monarquía y del ejército deben ser verdaderamente aconfesionales.
La financiación actual de la Iglesia católica es un atentado contra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley: está exenta del impuesto sobre la renta, del de sociedades, del IVA, del impuesto sobre transmisiones y donaciones, del IBI. Es necesario eliminar la casilla "Iglesia católica" de la declaración del IRPF y el subsidio de 3.626 millones de euros que recibe del Estado, pagados por creyentes y no creyentes. Al ser entidades privadas, lo más coherente sería que las mantuvieran sus seguidores y fieles con aportaciones voluntarias y fueran tratadas como las otras entidades.
Al mismo tiempo, se debería suprimir la enseñanza de la religión en la escuela financiada con dinero público y poco a poco reducir la aportación del Estado a la escuela privada concertada. La educación religiosa o moral de cualquier tipo se puede impartir en horas extraescolares, nunca obligatorias ni premiadas y nunca financiadas con dinero público. Éste debe utilizarse para construir escuelas públicas laicas y aconfesionales. La educación debe estar destinada a crear ciudadanos libres, iguales y críticos.
Cataluña y España han empezado a superar los fantasmas políticos del pasado con la creación del Memorial Democrático y la Ley de la Memoria Histórica. Ahora queda, para ser un país radicalmente democrático, conseguir una verdadera separación entre Iglesia y Estado y construir un Estado laico.
Joan Boada i Masoliver
es secretario general de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat.
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Libertades/personales/laicismo/elpepuespcat/20080111elpcat_4/Tes
viernes, 11 de enero de 2008
jueves, 10 de enero de 2008
El honor de dios
TRIBUNA: LA CUARTA PÁGINA JUAN LUIS CEBRIÁN
El honor de dios
JUAN LUIS CEBRIÁN 09/01/2008
El laicismo sólo puede ser radical, pues ha de garantizar la total separación entre el Estado y cualquier tipo de confesión religiosa, incluida la mayoritaria
Sabemos que el cardenal Rouco Varela no es partidario del divorcio y así nos lo dio a conocer a finales del año pasado, con gran aparato propagandístico y mediático, rodeado de sus pares y jaleado por sus fieles. Pero sabemos también que la excepción confirma la regla y que hubo un divorcio concreto que sin duda no le debió sentar tan mal. Me refiero al de la princesa Letizia (con z de Zapatero), gracias al cual pudo el clérigo oficiar con la pompa debida los esponsales del heredero de la Corona en una escena digna del mejor Anouilh, en la que el honor de dios y el del rey parecieron, por un momento, evidenciarse absolutamente unidos.
La influencia del 'lobby' clerical se ha mantenido como martillo pilón
Viene esto a cuento de las reacciones públicas tras la reciente manifestación episcopal en defensa de la familia, que no fue tanto un acto religioso como político, en el que los discursos se impusieron a las plegarias, y los prelados, lejos de la cristiana costumbre de implorar por los que nos gobiernan, se dedicaron a acosarlos. A partir de ese día se ha organizado un pequeño guirigay en torno a las expresiones de la Iglesia sobre los asuntos de la política y las interferencias que el Estado padece por parte de los poderes fácticos, entre los que no es el menor el de la Conferencia Episcopal, aunque tampoco quizá tan grande como los obispos quisieran y los gobernantes temen. Merece la pena insistir en lo que oí por la radio al vicepresidente socialista de Castilla-La Mancha: los obispos y la Iglesia tienen todo el derecho a opinar de política, igual que cualquier ciudadano. Pues este es el punto: también los ciudadanos tenemos derecho a replicar a los obispos, sin ningún respeto diferencial hacia ellos más que el que se debe a todo individuo, pudiendo discrepar no sólo de sus opiniones políticas, sino polemizar también sobre sus recomendaciones morales y lucubraciones dogmáticas. Carecen por eso de fundamento las farisaicas quejas de algunos portavoces eclesiásticos por la supuesta campaña de descrédito organizada contra la Conferencia Episcopal tras la manifestación litúrgica. En cambio, hay que agradecerle a Rouco y compañía que, al sacar las masas a la calle en defensa de su particular visión del mundo, hayan propiciado el debate que nuestra sociedad necesita sobre el papel de la religión en general, y de la Iglesia Católica en particular, en la convivencia española. Un debate que, en aras del consenso de la Transición y del respeto a valores que se pretendían intocables, se ha venido escamoteando a los españoles durante estas tres décadas de democracia.
La casualidad quiso que el señor García Gasco, arzobispo de Valencia, espetara su apocalíptica profecía de que las leyes propiciadas por el Gobierno amenazan con la disolución de la democracia al tiempo que yo andaba inmerso en la lectura de un interesante libro de Daniel Dennet, profesor en Tufts University, sobre la religión como fenómeno natural. El libro de Dennet [Romper el hechizo, Ed. Katz] presta atención a la eclosión religiosa que la sociedad mundial experimenta en nuestros días, en los que el fundamentalismo parece ganar espacio y protagonismo en todas las confesiones, de modo que se pregunta por la conexión evolutiva entre los chamanes de la Amazonia, las creencias populares en el más allá y las religiones organizadas. Durante casi quinientas páginas insiste en que es preciso "cambiar el clima propiciado por quienes sostienen que la religión está por encima de toda discusión, de toda crítica y de todo desafío". Entiéndase que hablamos no sólo de los aspectos políticos de la religión, sino también de los propiamente religiosos, que obstinadamente los guardianes del templo se han reservado para sí y sobre los que hay muy poco debate en el mundo académico y científico. Llaman la atención, por ejemplo, las expresiones de escándalo (aunque sean, por otra parte, justificadas) que muchos exhiben al conocer el carácter de las madrazas islámicas mientras reclaman con toda naturalidad que en las escuelas públicas se adoctrine a los niños sobre la fe católica, sin otra alternativa que la sumisión a los dictados de la Iglesia. Pero no de otra cosa se ha venido debatiendo (aunque por elevación) cuando hemos discutido sobre la eliminación de la religión como asignatura curricular y la inclusión de la educación para la ciudadanía. En ese debate, la Iglesia española, verdadero ariete intelectual e instrumento de propaganda del Partido Popular, puso de relieve su confusión y sus contradicciones entre el carácter profético de su función religiosa y las demandas de poder que la agitan. Las sociedades democráticas son, por principio, abiertas y no hay materia en ellas que no deba estar sometida a debate, incluidas las creencias espirituales de los diversos grupos de ciudadanos y los comportamientos morales que de ellas se derivan. Nuestros jóvenes tienen derecho a una formación integral que les permita en el futuro tomar decisiones informadas en todos los aspectos de su vida y ejercer sus opciones de la forma más libre y responsable. Las religiosas, también.
Pero, como decía al principio, no se trata ahora de incoar un debate teológico sino de una disputa por definir quién manda. Durante siglos, la Iglesia se ha visto a sí misma como el aglutinante de España. Una estrecha alianza entre el trono y el altar permitió que la Monarquía católica liderara la unidad política del país por encima y al margen de las instituciones civiles y, con sus variantes históricas, dicha alianza se prolongó hasta el final de la dictadura franquista. A los jóvenes de hoy conviene recordarles, o enseñarles si es que no lo saben, que el consejo que asumió la regencia del Estado a la muerte de Franco estaba compuesto por tres miembros, un civil, un militar y un prelado. La Iglesia ha ejercido de manera directa el poder temporal en este país hasta hace apenas tres décadas, permitiendo incluso a sus cardenales sentarse en las Cortes franquistas y sumarse al coro de los aplausos al dictador, a quien bendijeron como cabecilla de una auténtica cruzada de su fe. Ha disfrutado de prebendas, privilegios y prerrogativas como probablemente ninguna otra comunidad católica lo hizo durante el siglo XX en el mundo, desarrollando una actividad tan variopinta que le permitía lo mismo determinar la legislación con arreglo a sus conceptos morales que establecer el calendario de los días festivos. Esto se acabó con la democracia, pero no del todo. Precisamente porque, aunque la Constitución establece la no confesionalidad del Estado, la capacidad de influencia del lobby clerical se ha mantenido como martillo pilón.
Los sucesos de ahora guardan estrecha relación con la escalada del fanatismo religioso en todo el mundo y el mayor protagonismo de las organizaciones que lo sustentan. La presencia de Ratzinger en el solio de Roma ha consolidado las corrientes integristas y retrógradas dentro de la institución. Se aprecia por doquier un revisionismo de las doctrinas y comportamientos que emergieron en la década de los sesenta como consecuencia del Concilio Vaticano II. Éste intentó definir la relación de la Iglesia con el mundo de su tiempo, dando así lugar a una "teología del mundo" en la que destacó por sus trabajos el español José María González Ruiz. En su famoso libro El cristianismo no es un humanismo, abordó la necesidad de un diálogo abierto con el ateísmo contemporáneo, singularmente el marxista, expresándose con palabras tan contundentes como éstas: "La Iglesia no ha recibido de Cristo una misión de producir técnicas políticas, sociales o culturales..., por eso no tiene por qué crear una política cristiana, una cultura cristiana, una sociedad cristiana, un Estado cristiano, ni siquiera un partido cristiano". Para añadir: "... la Iglesia como tal es un ámbito puramente religioso y no debe contaminarse ni siquiera de la apariencia de poder civil". Otro teólogo católico, Olegario González de Cardedal, en su obra El poder y la conciencia señala por su parte que "la moral civil de una sociedad no siempre coincidirá con el proyecto social ni con una legalidad inspirada en el evangelio. Lo contrario supondría una eliminación del pluralismo social o de las vías democráticas de su expresión" (el subrayado es mío). Opiniones como las citadas ponen de relieve que en el propio seno de la Iglesia existen voces cualificadas y discrepantes respecto a la condena del laicismo radical que el señor García Gasco hizo en la manifestación de Madrid.
El laicismo, en la medida que exista, sólo puede ser radical, pues ha de garantizar la absoluta separación entre el Estado y cualquier tipo de confesión religiosa, por mayoritaria que sea, en la sociedad a la que representa. Pero el laicismo de nuestros gobernantes lejos de ser radical está más que descafeinado, al punto de permitir y promover la presencia de toda clase de símbolos, ritos y actos litúrgicos católicos en funciones estrictamente civiles, como los funerales de Estado o las tomas de posesión de los cargos públicos. Desde el punto de vista de la construcción democrática, estos hechos son más perniciosos incluso que la financiación con dinero público de las confesiones religiosas porque transmiten un permanente mensaje de la supuesta catolicidad del Estado. Por lo demás, si los obispos y sacerdotes quieren entrar en política, en su derecho están. Pero a la hora de recibir sus lecciones sobre democracia habrá que recordarles que la Iglesia es una de las sociedades menos democráticas de las imaginables. No guarda los más mínimos de los requisitos exigibles a cualquier formación política que concurra a unas elecciones libres y, desde luego, llama la atención el machismo, éste sí, radical de su estructura de poder y la ausencia de cualquier sombra de igualdad de género en sus filas.
En un mundo crecientemente globalizado y multicultural, donde tantas religiones sirven de excusa o aval para casi cualquier cosa, es preciso discutir con transparencia y honestidad las relaciones entre el poder político y las iglesias. Se trata de un debate pertinente y apasionante, que nos devuelve al escrutinio de la modernidad emanada de la Ilustración, defensora de la radical igualdad de los ciudadanos, y enfrentada ahora a sentimientos de identidad de todo tipo. A este respecto recordaba yo, en un reciente artículo para el semanario Expresso de Lisboa, el refrán de que en España siempre hay que ir detrás de los curas o con un palo o con una vela. Viene al pelo para coronar este artículo. Aunque, a fin de escapar de tan horrible dilema, los Gobiernos democráticos han preferido mostrar a los clérigos la zanahoria. Parece que el experimento no funciona.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/honor/dios/elpepiopi/20080109elpepiopi_11/Tes
El honor de dios
JUAN LUIS CEBRIÁN 09/01/2008
El laicismo sólo puede ser radical, pues ha de garantizar la total separación entre el Estado y cualquier tipo de confesión religiosa, incluida la mayoritaria
Sabemos que el cardenal Rouco Varela no es partidario del divorcio y así nos lo dio a conocer a finales del año pasado, con gran aparato propagandístico y mediático, rodeado de sus pares y jaleado por sus fieles. Pero sabemos también que la excepción confirma la regla y que hubo un divorcio concreto que sin duda no le debió sentar tan mal. Me refiero al de la princesa Letizia (con z de Zapatero), gracias al cual pudo el clérigo oficiar con la pompa debida los esponsales del heredero de la Corona en una escena digna del mejor Anouilh, en la que el honor de dios y el del rey parecieron, por un momento, evidenciarse absolutamente unidos.
La influencia del 'lobby' clerical se ha mantenido como martillo pilón
Viene esto a cuento de las reacciones públicas tras la reciente manifestación episcopal en defensa de la familia, que no fue tanto un acto religioso como político, en el que los discursos se impusieron a las plegarias, y los prelados, lejos de la cristiana costumbre de implorar por los que nos gobiernan, se dedicaron a acosarlos. A partir de ese día se ha organizado un pequeño guirigay en torno a las expresiones de la Iglesia sobre los asuntos de la política y las interferencias que el Estado padece por parte de los poderes fácticos, entre los que no es el menor el de la Conferencia Episcopal, aunque tampoco quizá tan grande como los obispos quisieran y los gobernantes temen. Merece la pena insistir en lo que oí por la radio al vicepresidente socialista de Castilla-La Mancha: los obispos y la Iglesia tienen todo el derecho a opinar de política, igual que cualquier ciudadano. Pues este es el punto: también los ciudadanos tenemos derecho a replicar a los obispos, sin ningún respeto diferencial hacia ellos más que el que se debe a todo individuo, pudiendo discrepar no sólo de sus opiniones políticas, sino polemizar también sobre sus recomendaciones morales y lucubraciones dogmáticas. Carecen por eso de fundamento las farisaicas quejas de algunos portavoces eclesiásticos por la supuesta campaña de descrédito organizada contra la Conferencia Episcopal tras la manifestación litúrgica. En cambio, hay que agradecerle a Rouco y compañía que, al sacar las masas a la calle en defensa de su particular visión del mundo, hayan propiciado el debate que nuestra sociedad necesita sobre el papel de la religión en general, y de la Iglesia Católica en particular, en la convivencia española. Un debate que, en aras del consenso de la Transición y del respeto a valores que se pretendían intocables, se ha venido escamoteando a los españoles durante estas tres décadas de democracia.
La casualidad quiso que el señor García Gasco, arzobispo de Valencia, espetara su apocalíptica profecía de que las leyes propiciadas por el Gobierno amenazan con la disolución de la democracia al tiempo que yo andaba inmerso en la lectura de un interesante libro de Daniel Dennet, profesor en Tufts University, sobre la religión como fenómeno natural. El libro de Dennet [Romper el hechizo, Ed. Katz] presta atención a la eclosión religiosa que la sociedad mundial experimenta en nuestros días, en los que el fundamentalismo parece ganar espacio y protagonismo en todas las confesiones, de modo que se pregunta por la conexión evolutiva entre los chamanes de la Amazonia, las creencias populares en el más allá y las religiones organizadas. Durante casi quinientas páginas insiste en que es preciso "cambiar el clima propiciado por quienes sostienen que la religión está por encima de toda discusión, de toda crítica y de todo desafío". Entiéndase que hablamos no sólo de los aspectos políticos de la religión, sino también de los propiamente religiosos, que obstinadamente los guardianes del templo se han reservado para sí y sobre los que hay muy poco debate en el mundo académico y científico. Llaman la atención, por ejemplo, las expresiones de escándalo (aunque sean, por otra parte, justificadas) que muchos exhiben al conocer el carácter de las madrazas islámicas mientras reclaman con toda naturalidad que en las escuelas públicas se adoctrine a los niños sobre la fe católica, sin otra alternativa que la sumisión a los dictados de la Iglesia. Pero no de otra cosa se ha venido debatiendo (aunque por elevación) cuando hemos discutido sobre la eliminación de la religión como asignatura curricular y la inclusión de la educación para la ciudadanía. En ese debate, la Iglesia española, verdadero ariete intelectual e instrumento de propaganda del Partido Popular, puso de relieve su confusión y sus contradicciones entre el carácter profético de su función religiosa y las demandas de poder que la agitan. Las sociedades democráticas son, por principio, abiertas y no hay materia en ellas que no deba estar sometida a debate, incluidas las creencias espirituales de los diversos grupos de ciudadanos y los comportamientos morales que de ellas se derivan. Nuestros jóvenes tienen derecho a una formación integral que les permita en el futuro tomar decisiones informadas en todos los aspectos de su vida y ejercer sus opciones de la forma más libre y responsable. Las religiosas, también.
Pero, como decía al principio, no se trata ahora de incoar un debate teológico sino de una disputa por definir quién manda. Durante siglos, la Iglesia se ha visto a sí misma como el aglutinante de España. Una estrecha alianza entre el trono y el altar permitió que la Monarquía católica liderara la unidad política del país por encima y al margen de las instituciones civiles y, con sus variantes históricas, dicha alianza se prolongó hasta el final de la dictadura franquista. A los jóvenes de hoy conviene recordarles, o enseñarles si es que no lo saben, que el consejo que asumió la regencia del Estado a la muerte de Franco estaba compuesto por tres miembros, un civil, un militar y un prelado. La Iglesia ha ejercido de manera directa el poder temporal en este país hasta hace apenas tres décadas, permitiendo incluso a sus cardenales sentarse en las Cortes franquistas y sumarse al coro de los aplausos al dictador, a quien bendijeron como cabecilla de una auténtica cruzada de su fe. Ha disfrutado de prebendas, privilegios y prerrogativas como probablemente ninguna otra comunidad católica lo hizo durante el siglo XX en el mundo, desarrollando una actividad tan variopinta que le permitía lo mismo determinar la legislación con arreglo a sus conceptos morales que establecer el calendario de los días festivos. Esto se acabó con la democracia, pero no del todo. Precisamente porque, aunque la Constitución establece la no confesionalidad del Estado, la capacidad de influencia del lobby clerical se ha mantenido como martillo pilón.
Los sucesos de ahora guardan estrecha relación con la escalada del fanatismo religioso en todo el mundo y el mayor protagonismo de las organizaciones que lo sustentan. La presencia de Ratzinger en el solio de Roma ha consolidado las corrientes integristas y retrógradas dentro de la institución. Se aprecia por doquier un revisionismo de las doctrinas y comportamientos que emergieron en la década de los sesenta como consecuencia del Concilio Vaticano II. Éste intentó definir la relación de la Iglesia con el mundo de su tiempo, dando así lugar a una "teología del mundo" en la que destacó por sus trabajos el español José María González Ruiz. En su famoso libro El cristianismo no es un humanismo, abordó la necesidad de un diálogo abierto con el ateísmo contemporáneo, singularmente el marxista, expresándose con palabras tan contundentes como éstas: "La Iglesia no ha recibido de Cristo una misión de producir técnicas políticas, sociales o culturales..., por eso no tiene por qué crear una política cristiana, una cultura cristiana, una sociedad cristiana, un Estado cristiano, ni siquiera un partido cristiano". Para añadir: "... la Iglesia como tal es un ámbito puramente religioso y no debe contaminarse ni siquiera de la apariencia de poder civil". Otro teólogo católico, Olegario González de Cardedal, en su obra El poder y la conciencia señala por su parte que "la moral civil de una sociedad no siempre coincidirá con el proyecto social ni con una legalidad inspirada en el evangelio. Lo contrario supondría una eliminación del pluralismo social o de las vías democráticas de su expresión" (el subrayado es mío). Opiniones como las citadas ponen de relieve que en el propio seno de la Iglesia existen voces cualificadas y discrepantes respecto a la condena del laicismo radical que el señor García Gasco hizo en la manifestación de Madrid.
El laicismo, en la medida que exista, sólo puede ser radical, pues ha de garantizar la absoluta separación entre el Estado y cualquier tipo de confesión religiosa, por mayoritaria que sea, en la sociedad a la que representa. Pero el laicismo de nuestros gobernantes lejos de ser radical está más que descafeinado, al punto de permitir y promover la presencia de toda clase de símbolos, ritos y actos litúrgicos católicos en funciones estrictamente civiles, como los funerales de Estado o las tomas de posesión de los cargos públicos. Desde el punto de vista de la construcción democrática, estos hechos son más perniciosos incluso que la financiación con dinero público de las confesiones religiosas porque transmiten un permanente mensaje de la supuesta catolicidad del Estado. Por lo demás, si los obispos y sacerdotes quieren entrar en política, en su derecho están. Pero a la hora de recibir sus lecciones sobre democracia habrá que recordarles que la Iglesia es una de las sociedades menos democráticas de las imaginables. No guarda los más mínimos de los requisitos exigibles a cualquier formación política que concurra a unas elecciones libres y, desde luego, llama la atención el machismo, éste sí, radical de su estructura de poder y la ausencia de cualquier sombra de igualdad de género en sus filas.
En un mundo crecientemente globalizado y multicultural, donde tantas religiones sirven de excusa o aval para casi cualquier cosa, es preciso discutir con transparencia y honestidad las relaciones entre el poder político y las iglesias. Se trata de un debate pertinente y apasionante, que nos devuelve al escrutinio de la modernidad emanada de la Ilustración, defensora de la radical igualdad de los ciudadanos, y enfrentada ahora a sentimientos de identidad de todo tipo. A este respecto recordaba yo, en un reciente artículo para el semanario Expresso de Lisboa, el refrán de que en España siempre hay que ir detrás de los curas o con un palo o con una vela. Viene al pelo para coronar este artículo. Aunque, a fin de escapar de tan horrible dilema, los Gobiernos democráticos han preferido mostrar a los clérigos la zanahoria. Parece que el experimento no funciona.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/honor/dios/elpepiopi/20080109elpepiopi_11/Tes
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